El 10 de septiembre de 2025 se emitió el Decreto 646/2025, publicado luego en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Aprueba la reglamentación de la Ley 26.165 sobre reconocimiento y protección de refugiados. La reglamentación busca poner en práctica un estándar legal que carecía de desarrollo ejecutivo pleno y crear un proceso más claro y ágil para evaluar solicitudes de asilo.
BUENOS AIRES — El Gobierno de Argentina promulgó oficialmente el Decreto 646/2025, que “aprueba la reglamentación de la Ley N.º 26.165 y sus modificaciones”. Según el texto, el decreto incluye los siguientes puntos clave:
• Emitido el 10 de septiembre de 2025 y publicado en el Boletín Oficial el 11 de septiembre.
• Deroga decretos reglamentarios previos (N.º 251 de 1990, N.º 942 de 1995 y N.º 102 de 2007).
• Busca cerrar vacíos en la aplicación de la Ley de Refugiados: “la falta de procedimientos concretos en la aplicación de la Ley N.º 26.165 y sus modificaciones provocaba serias demoras e incertidumbre jurídica, tanto para solicitantes como para la administración”.
• Confirma a la Comisión Nacional para los Refugiados (CONARE) como autoridad competente, fija plazos y procedimientos claros (detalles en el anexo).
• Apunta a agilizar el acceso a los procedimientos de reconocimiento, reforzar garantías y aclarar normas de cesación y exclusión.
Qué significa en la práctica:
• El procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado cuenta ahora con una base reglamentaria operativa, lo que debería reducir tiempos de espera indefinidos.
• Se fijan plazos; por ejemplo, en un proceso de cesación, la persona debe ser citada a entrevista dentro de los 5 días de la notificación y la decisión emitirse dentro de 60 días.
• Se derogan decretos obsoletos, mejorando la claridad jurídica.
• La administración del proceso se institucionaliza bajo el nuevo marco.
• Aunque los derechos se mantienen, los pasos burocráticos y los plazos deberían volverse más transparentes y previsibles.
Notas importantes:
• La implementación dependerá de los recursos asignados a los organismos competentes y de la velocidad de su puesta en marcha.
• Los expedientes acumulados bajo la Ley 26.165 podrían tramitarse con procedimientos anteriores durante un período de transición.
• Los solicitantes deben seguir de cerca cómo CONARE y Migraciones aplican las nuevas normas en la práctica, ya que los detalles anexos pueden resultar complejos de implementar.