El 12 de agosto de 2026 el juzgado federal de Esquel declaró inconstitucionales e inaplicables los artículos 4, 37 y 39 del DNU 366/2025. Esas normas exigían “residencia legal” para la ciudadanía. El tribunal impidió aplicarlas con efecto retroactivo a un residente de Chubut.
El 30 de junio de 2026 la Cámara Nacional Electoral declaró la nulidad absoluta del DNU 366/2025. El tribunal entendió que pasar la ciudadanía de los jueces federales a Migraciones viola la Constitución. El Gobierno apeló y la Corte Suprema todavía no resolvió.
En Ginebra, la Relatora Especial de la ONU sobre los derechos humanos en Rusia, Mariana Katzarova, presentó un nuevo informe que documenta una fuerte intensificación de la represión contra disidentes, defensores de derechos humanos y periodistas, casos generalizados de tortura y el uso de las leyes de “traición” y “extremismo” para silenciar cualquier oposición a la guerra contra Ucrania. La ONU concluye que existe un “régimen del miedo” y que el sistema de justicia se utiliza como instrumento de represión.
El 10 de septiembre de 2025 se emitió el Decreto 646/2025, publicado luego en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Aprueba la reglamentación de la Ley 26.165 sobre reconocimiento y protección de refugiados. La reglamentación busca poner en práctica un estándar legal que carecía de desarrollo ejecutivo pleno y crear un proceso más claro y ágil para evaluar solicitudes de asilo.
La Justicia de Paraná declaró inconstitucional una parte del DNU 366/2025 que modificaba el proceso de ciudadanía. El tribunal sostuvo que estos cambios deben ser aprobados por el Congreso y no mediante decreto. Aunque el fallo es para un caso puntual, genera un precedente relevante para la comunidad migrante.
El 29 de mayo de 2025 el Gobierno de Argentina publicó el Decreto 366/2025, que endurece las normas migratorias: reduce la vigencia de la residencia temporal, exige medios de vida y seguro de salud, y limita el acceso gratuito a la educación superior y a la salud pública para quienes no tienen residencia permanente. Para quienes buscan protección, esto crea un entorno más estricto e incierto.
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